Santo Domingo, RD.- La discusión en torno a la aplicación del nuevo Código Penal dominicano vuelve a colocar al sector salud en el centro del debate nacional. Diversas organizaciones médicas y odontológicas han solicitado al Congreso Nacional modificar la legislación para excluir o delimitar la responsabilidad penal de los profesionales de la salud cuando actúen conforme a los estándares científicos y éticos de su profesión.
La petición fue presentada en momentos en que la entrada en vigor de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, se acerca y mantiene preocupados a médicos, odontólogos, cirujanos y otros profesionales sanitarios, quienes advierten que algunos artículos podrían incentivar la denominada "medicina defensiva", afectando la calidad y oportunidad de la atención a los pacientes.
El principal reclamo
De acuerdo con la información publicada por NDigital y respaldada por otras fuentes nacionales, representantes del sector salud sostienen que un resultado adverso o la muerte de un paciente no deberían constituir automáticamente una responsabilidad penal para el profesional que brindó la atención, siempre que este haya actuado conforme a la lex artis (las buenas prácticas médicas aceptadas científicamente).
La preocupación radica en que la medicina implica riesgos inherentes y existen complicaciones que pueden presentarse incluso cuando el personal sanitario sigue correctamente todos los protocolos clínicos.
Proponen diferenciar negligencia de complicaciones médicas
Entre las propuestas presentadas al Congreso figura establecer una diferencia clara entre:
- Complicaciones propias del acto médico.
- Resultados adversos inevitables.
- Errores médicos sin relevancia penal.
- Negligencia grave.
- Conductas dolosas.
Los gremios consideran que únicamente las actuaciones realizadas con dolo o negligencia grave demostrada deberían generar responsabilidad penal, mientras que los errores involuntarios o las complicaciones inevitables tendrían que resolverse mediante procesos civiles, administrativos o disciplinarios.
El temor a la "medicina defensiva"
El Colegio Médico Dominicano (CMD) y otras organizaciones profesionales han advertido que la legislación, tal como está redactada, podría provocar un aumento de la medicina defensiva.
Este fenómeno ocurre cuando el médico toma decisiones motivadas principalmente por el temor a futuras demandas o procesos judiciales, como solicitar estudios innecesarios, evitar procedimientos de alto riesgo o incluso rechazar pacientes complejos para reducir su exposición legal.
Especialistas consideran que esta práctica termina incrementando los costos del sistema sanitario y puede retrasar la atención o limitar el acceso de los pacientes a determinados tratamientos.
¿Qué establece actualmente el nuevo Código Penal?
La Ley 74-25, promulgada para sustituir el Código Penal vigente desde el siglo XIX, incorpora nuevas disposiciones relacionadas con la responsabilidad profesional en el ámbito sanitario.
La legislación contempla consecuencias penales cuando una actuación negligente o imprudente provoque lesiones o la muerte de un paciente, además de sancionar conductas como:
- Emisión de certificados médicos falsos.
- Violación del secreto profesional.
- Alteración de documentos clínicos.
- Otras actuaciones contrarias a la ley.
Sin embargo, diversos especialistas insisten en que el texto requiere mayor precisión para evitar interpretaciones que equiparen cualquier complicación médica con un delito.
También preocupa la responsabilidad de hospitales y clínicas
Uno de los aspectos novedosos de la reforma penal es que no solo podrían responder los profesionales de manera individual.
El nuevo Código también contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que significa que hospitales, clínicas y otros centros de salud podrían enfrentar consecuencias legales cuando existan fallas organizacionales, ausencia de protocolos, supervisión deficiente o incumplimiento de normas que contribuyan a un daño al paciente.
Esta disposición ha impulsado a muchas instituciones sanitarias a fortalecer sus programas de seguridad del paciente, auditorías clínicas, documentación médica y sistemas internos de cumplimiento normativo.
Odontólogos también respaldan modificaciones
El sector odontológico se ha unido al reclamo, señalando que el ejercicio profesional debe evaluarse bajo criterios científicos y técnicos, respetando la necesidad de realizar valoraciones clínicas individualizadas antes de establecer cualquier tipo de responsabilidad.
Un debate que continúa abierto
La discusión continúa desarrollándose en el Congreso Nacional, donde legisladores estudian diferentes propuestas de modificación para precisar el alcance de la responsabilidad penal en los actos médicos y odontológicos.
Mientras tanto, los gremios reiteran que su objetivo no es obtener inmunidad ni impunidad, sino garantizar que solo sean sancionadas aquellas conductas donde exista una negligencia grave o una actuación dolosa debidamente demostrada, preservando al mismo tiempo la seguridad jurídica de los profesionales y la protección de los pacientes.
Implicaciones para los servicios de emergencias prehospitalarias
Para el personal de atención prehospitalaria —médicos de emergencias, paramédicos, técnicos en emergencias médicas y equipos de traslado— este debate adquiere especial relevancia debido a que muchas decisiones clínicas deben tomarse en segundos y bajo condiciones de alta presión. Una definición jurídica clara sobre la responsabilidad profesional contribuiría a proteger tanto a los pacientes como al personal sanitario que actúa conforme a los protocolos establecidos y a la evidencia científica.
