San Juan, Puerto Rico.— Operadores de ambulancias en Puerto Rico han expresado preocupación ante cambios en los procesos de contratación impulsados por una aseguradora, al considerar que las nuevas condiciones podrían afectar la prestación de los servicios de emergencia y, en consecuencia, la seguridad de los pacientes.
La denuncia fue presentada en un reportaje de Telemundo Puerto Rico, donde representantes del sector cuestionaron las modificaciones y plantearon inquietudes relacionadas con la forma en que se están estableciendo las contrataciones para los servicios de transporte y atención prehospitalaria.
Una preocupación que va más allá de un contrato
Para los operadores, el asunto no se limita a una diferencia comercial entre empresas y aseguradoras. La principal preocupación está relacionada con la capacidad de mantener una red de ambulancias disponible, equipada y con personal capacitado para responder oportunamente cuando ocurre una emergencia.
Una ambulancia no representa únicamente un vehículo destinado al traslado de un paciente. Es una unidad asistencial que requiere mantenimiento constante, combustible, equipos médicos, medicamentos, sistemas de comunicación y personal especializado.
Cuando las condiciones económicas de los contratos no permiten cubrir adecuadamente esos costos, los operadores pueden enfrentar dificultades para mantener sus unidades disponibles y garantizar una respuesta continua.
El propio Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico ha planteado anteriormente ante la Asamblea Legislativa que mantiene contratos con diversas aseguradoras y que, en prácticamente todas esas contrataciones, son las aseguradoras las que establecen las tarifas que pagarán por los servicios. Según la información presentada ante el Senado, el costo de activar una ambulancia puede rondar los $220 o más, mientras que son pocas las aseguradoras que se aproximan a esa cantidad en sus pagos.
El impacto puede llegar al paciente
El debate adquiere mayor importancia cuando se analiza desde la perspectiva de la atención prehospitalaria.
Una reducción en el número de proveedores disponibles, dificultades para mantener ambulancias operativas o una disminución de los recursos destinados a los servicios pueden terminar repercutiendo en los tiempos de respuesta.
En una emergencia médica, algunos minutos pueden representar la diferencia entre una recuperación favorable y una discapacidad permanente, o incluso entre la vida y la muerte.
Por esta razón, cualquier modificación en los mecanismos de contratación de servicios de ambulancia debería considerar no solamente el aspecto económico, sino también la capacidad operacional del sistema para responder a las emergencias.
Un sector sometido a una elevada presión económica
Los operadores privados de ambulancias han enfrentado históricamente un escenario complejo debido al aumento de los costos de operación y las exigencias regulatorias.
El problema tampoco es completamente nuevo.
En Puerto Rico ya se han producido anteriormente controversias entre operadores de ambulancias y las autoridades relacionadas con los costos de operación, las tarifas, los requisitos reglamentarios y las condiciones necesarias para mantener las unidades en servicio.
En una controversia anterior, representantes de los operadores llegaron incluso a advertir sobre la posibilidad de un paro masivo de ambulancias privadas debido al incremento de los costos y a las dificultades relacionadas con el cobro de los servicios a los planes médicos.
La situación evidencia la fragilidad económica que puede existir en un sistema en el que las ambulancias privadas forman parte importante de la capacidad de respuesta ante emergencias.
La regulación también está cambiando
El escenario se produce además mientras Puerto Rico atraviesa cambios en la regulación del transporte y los servicios de ambulancias.
Documentos del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP) muestran propuestas para revisar sustancialmente la reglamentación relacionada con los servicios de ambulancias, incluyendo cambios en las categorías y autorizaciones de los operadores.
La normativa también establece requisitos específicos para quienes operan ambulancias y contempla la necesidad de contar con las autorizaciones correspondientes para desempeñar estas funciones.
Por otra parte, las autoridades han mantenido mecanismos de fiscalización para comprobar que las ambulancias cuenten con sus permisos, licencias, equipos y condiciones de seguridad requeridas.
¿Quién termina pagando las consecuencias?
Esta es quizás la pregunta más importante que surge de la controversia.
Las aseguradoras tienen que controlar sus costos y establecer mecanismos eficientes de contratación. Los operadores, por su parte, necesitan recibir una compensación que les permita mantener una flota segura y operacional.
Pero en medio de esa relación contractual existe un tercer elemento que no puede quedar relegado: el paciente.
Si las condiciones económicas provocan que determinados operadores abandonen contratos, reduzcan su disponibilidad o tengan dificultades para mantener sus unidades operativas, el efecto puede trasladarse directamente al sistema de emergencias.
El problema adquiere todavía mayor relevancia en situaciones en las que las ambulancias privadas constituyen una parte importante de la capacidad disponible para transportar pacientes.
El Cuerpo de Emergencias Médicas ya ha advertido en documentos legislativos que cuando compañías privadas dejan de contratar con determinadas aseguradoras debido a problemas económicos o tarifas bajas, pueden terminar siendo las ambulancias estatales y municipales las que tengan que asumir la atención de los pacientes asegurados.
La seguridad debe estar en el centro de la discusión
El reclamo de los operadores plantea una discusión que trasciende las condiciones de un contrato.
En los servicios de emergencia, la sostenibilidad financiera y la seguridad del paciente están estrechamente relacionadas.
Una ambulancia necesita estar disponible las 24 horas, mantener sus equipos funcionando, cumplir con los requisitos reglamentarios y contar con profesionales capacitados. Todo ello tiene un costo.
Por esa razón, cualquier modificación en los modelos de contratación debería evaluar previamente sus posibles consecuencias sobre la disponibilidad de ambulancias, los tiempos de respuesta, la cobertura geográfica y la continuidad de la atención.
La preocupación expresada por los operadores merece, por tanto, ser analizada no solamente desde el punto de vista empresarial, sino también desde la perspectiva de la seguridad del paciente y la continuidad de los servicios de emergencia.
Una discusión que requiere diálogo
El reclamo presentado por los operadores abre nuevamente el debate sobre cómo deben financiarse y contratarse los servicios de ambulancias en Puerto Rico.
La solución no necesariamente pasa por favorecer exclusivamente a las aseguradoras o a los proveedores. El verdadero objetivo debería ser encontrar un modelo que permita garantizar tarifas sostenibles, controles adecuados y, sobre todo, una red de ambulancias capaz de responder cuando la población más lo necesita.
