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Departamento de Justicia abandona casos sobre contratación en cuerpos de seguridad


Washington, EE.UU.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido abandonar varios casos que buscaban modificar los procesos de contratación en departamentos de policía y bomberos, alegando que estos eran discriminatorios, según lo anunció el miércoles la fiscal general Pam Bondi. Esta medida se enmarca dentro de una estrategia de la administración Trump para revertir políticas de diversidad, equidad e inclusión promovidas por la administración Biden.

Un funcionario del Departamento de Justicia confirmó que se están dejando de lado cuatro casos, incluido uno que llevó a un acuerdo de conciliación con la Policía Estatal de Maryland. La administración Biden había argumentado que las pruebas utilizadas en el proceso de selección descalificaban desproporcionadamente a solicitantes negros y mujeres, lo que violaría estatutos federales contra la discriminación laboral.

La seguridad pública debe basarse en la capacidad y la dedicación de los agentes, no en el cumplimiento de cuotas de diversidad, declaró el fiscal general en un comunicado enviado por correo electrónico


Reacciones y Consecuencias

El jefe de gabinete de Bondi, Chad Mizelle, criticó la administración Biden por sancionar a los cuerpos de seguridad por emplear herramientas de contratación “neutrales en cuanto a raza”, argumentando que no existía evidencia de discriminación intencional.

Además del caso en Maryland, otros departamentos de policía y bomberos en Carolina del Norte, Georgia e Indiana también estaban bajo revisión, según informó Mizelle. La Policía Estatal de Maryland no ha emitido comentarios al respecto.

En línea con esta política, en su primer día en el cargo, el expresidente Trump firmó una orden ejecutiva que ordenaba a las agencias federales eliminar subvenciones y contratos relacionados con la equidad. Posteriormente, amplió la medida exigiendo a contratistas federales certificar que no promueven políticas de diversidad, equidad e inclusión.

Esta decisión ha generado un debate sobre el impacto en los esfuerzos por garantizar equidad en las contrataciones dentro de los cuerpos de seguridad y la aplicación de pruebas de selección justas para todos los candidatos.

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