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| EFE |
Jerusalén.- El ejército israelí volvió a estar en el centro de la controversia tras la muerte de 15 rescatistas palestinos en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, un hecho que ha causado indignación a nivel internacional. A pesar de que los cuerpos fueron hallados enterrados en una fosa común, con signos de ejecución a quemarropa según denuncias palestinas, un alto mando militar israelí insistió este sábado en que al menos seis de las víctimas eran presuntos miembros del grupo islamista Hamás. Sin embargo, no presentó pruebas que sustenten esta acusación ni reveló sus identidades.
Durante una rueda de prensa, el oficial —cuya identidad no fue revelada— afirmó que la investigación aún está en curso y que las cifras “podrían aumentar”. De momento, el Ejército no ha proporcionado ninguna evidencia concreta para respaldar sus alegaciones, mientras organizaciones humanitarias y defensores de derechos humanos exigen una investigación independiente.
El funcionario militar explicó que el incidente del 23 de marzo se originó cuando una brigada israelí abrió fuego contra supuestos agentes de Hamás en el barrio de Tel al Sultán, en Rafah. Posteriormente, al llegar ambulancias para atender a los heridos, los soldados dispararon de nuevo creyendo que representaban una amenaza. Esta versión, sin embargo, contradice un video difundido por la Media Luna Roja Palestina, donde se observa que las ambulancias tenían sus luces encendidas y los socorristas portaban uniformes y chalecos reflectantes.
Las explicaciones oficiales han sido recibidas con escepticismo. El Ejército sostiene que ninguno de los cuerpos fue maniatado, como afirma la Defensa Civil gazatí, y justificó el entierro de los cadáveres como una medida “para evitar que los animales salvajes los devoraran”. Esta afirmación ha sido calificada como inverosímil por diversas voces internacionales.
La Media Luna Roja y la ONU señalan que, tras perder el contacto con una de las ambulancias, se enviaron equipos de búsqueda que también fueron atacados. Durante cuatro días no se pudo acceder al área. El primer cuerpo fue recuperado el 27 de marzo; los demás, cuatro días después, desenterrados por compañeros en condiciones dramáticas: algunos con disparos en la cabeza y el pecho, otros desmembrados.
Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, espera recibir este domingo el informe final del Comando Sur. Pero la pregunta clave permanece sin respuesta: ¿puede justificarse la ejecución de personal humanitario bajo el argumento de sospechas no demostradas?
La comunidad internacional y organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen transparencia y rendición de cuentas. Las evidencias hasta ahora apuntan más a un acto de represalia indiscriminada que a una operación militar legítima.
¿Crimen de guerra?
De confirmarse las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y ocultamiento de cuerpos, el caso podría escalar hacia instancias como la Corte Penal Internacional. Hasta el momento, la falta de colaboración por parte de las autoridades israelíes ha dificultado los esfuerzos de organismos internacionales para esclarecer los hechos.
Mientras tanto, en las calles de Gaza, los compañeros de los caídos siguen trabajando entre ruinas y peligro, con la convicción de que, incluso en medio del horror, brindar auxilio es un acto de resistencia.
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