Ciudad de México.— En un fallo judicial sin precedentes, una jueza de control impuso la pena máxima de 75 años de prisión a tres paramédicos y al dueño de una ambulancia privada por el delito de desaparición forzada cometida por particulares contra un estudiante que había sido herido en 2022, pero no fue trasladado a un hospital, pese a haber sido recogido aparentemente con vida.
La sentencia fue dada a conocer la madrugada del 7 de enero de 2026, tras una audiencia celebrada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México
Hechos que llevaron al fallo judicial
Los hechos se remontan al 29 de mayo de 2022, cuando el estudiante Alexis de Jesús Azamar Solomé, de 24 años y alumno de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), fue encontrado herido y semiinconsciente en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México después de una agresión.
Policías capitalinos intervinieron y posteriormente entregaron al joven a una ambulancia de la empresa Médica Life 28, a cargo de los tres hoy sentenciados —identificados como Cristian N., Brayam Alejandro N. y Santos David N.—, quienes dijeron fungir como paramédicos.
Esa misma noche, no se activaron protocolos médicos apropiados ni se reportó ingreso a ningún hospital, a pesar de que la víctima requería atención urgente.
Seis días después, el 4 de junio de 2022, el cuerpo de Alexis fue encontrado sin vida en un paraje de la autopista México-Puebla, en el Estado de México. Su cadáver tenía evidentes signos de violencia, incluyendo la pérdida de un ojo, lo que agravó la indignación pública y la exigencia de justicia.
Un delito de “lesa humanidad” según el tribunal
La jueza encargada del caso, Victoria Arreola Valdés, precisó en la sentencia que la desaparición forzada es un delito de “lesa humanidad” que causa un sufrimiento profundo a las familias de las víctimas y que, en este caso, las acciones de los acusados demostraron una grave violación a la vida y a los derechos humanos.
El fallo judicial fue considerado histórico en la impartición de justicia mexicana, no solo por la duración de la pena, sino porque aborda directamente la responsabilidad penal de quienes, bajo la apariencia de servidores de emergencia, incumplieron con protocolos de atención médica y ocultaron información clave durante una emergencia.
Debate sobre regulación de ambulancias privadas
Este caso ha reabierto el debate sobre la falta de regulación efectiva de ambulancias privadas en la Ciudad de México, conocidas popularmente como “ambulancias patito”. Pese a reformas normativas desde hace varios años, solo un porcentaje de estas unidades cumplen con los requisitos de operación y certificación, lo que deja a pacientes vulnerables ante prácticas irregulares.
El hermano de la víctima, Sandro Azamar, declaró a medios que “nadie les va a reparar la vida de mi hermano”, y resaltó la necesidad de reformas profundas en los mecanismos de supervisión y control de prestadores de servicios de emergencia para evitar tragedias similares.
La condena emitida el 7 de enero de 2026 pone en relieve ausencias graves en los protocolos de atención prehospitalaria, así como la necesidad de fortalecer la supervisión de servicios médicos de emergencia, tanto públicos como privados, para garantizar la protección y el derecho a la vida de las personas en situaciones de urgencia.
