Caracas.- Una corte venezolana impuso este mes la pena máxima —30 años de cárcel— a Marggie Xiomara Orozco Tapias, de 65 años, por enviar un audio vía WhatsApp en el que criticaba al gobierno de Nicolás Maduro y llamaba a votar en contra de su reelección.
¿Qué dijo? ¿Por qué fue denunciada?
Durante la campaña electoral previa a las elecciones presidenciales convocadas para el 28 de julio de 2024, Orozco envió un mensaje de voz a un grupo de vecinos de su comunidad en San Juan de Colón, en el estado andino de Táchira. En ese audio, criticaba la gestión del gobierno, responsabilizándolo por la crisis económica del país, y exhortaba a sus conciudadanos a votar en contra del mandatario.
Ocho días después de los comicios —que según el organismo electoral ganó Maduro, en medio de denuncias de irregularidades—, efectivos policiales la arrestaron
La sentencia y cargos contra Orozco
El 16 de noviembre de 2025, un tribunal condenó a Orozco por los delitos de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”.
Unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: ‘Acompáñenos’. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella, le contó a BBC Mundo el hijo de la doctora, Paul Ruiz
La pena corresponde a la máxima establecida en la legislación venezolana para crímenes graves como homicidio, secuestro o violación —lo que ha generado rechazo internacional, pues la acusada nunca cometió hechos violentos.
Estado de salud y contexto de vulnerabilidad
La condena ha generado preocupación en sectores de derechos humanos. Orozco tiene 65 años, y su defensa y organizaciones afines denuncian que en prisión ha sufrido un deterioro significativo de su salud, incluyendo al menos dos infartos.
Además, sus allegados sostienen que en el audio ella reclamaba dificultades comunes en su comunidad —como fallas en el suministro de gas doméstico por parte de los programas estatales—, y que la denuncia habría sido promovida por simpatizantes del gobierno.
Críticas y denuncias de persecución
Organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición han calificado la condena como una persecución a la disidencia y un ataque a la libertad de expresión. Señalan que el uso de leyes ambiguas —como las que tipifican “incitación al odio”— se ha vuelto un instrumento represivo para silenciar voces críticas.
El caso de Orozco no es aislado: se enmarca en una ola de juicios contra ciudadanos que expresan su desacuerdo con el régimen a través de redes sociales o mensajes privados.
¿Qué representa este caso?
Este fallo muestra un giro preocupante en Venezuela: la criminalización de la crítica política incluso en comunicaciones privadas. Una médica jubilada —una profesional de la salud, en una comunidad — ahora paga con décadas de su libertad por expresar su opinión.
El caso se vuelve un símbolo claro de represión de libertades fundamentales y de deterioro del espacio cívico en el país.
